Noticias Nacionales

Cristina Kirchner solicitó hablar mañana ante el tribunal y atacó a los fiscales, que hoy pedirán su condena

Comparte este artículo

A horas de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola formulen su pedido de condena en contra Cristina Kirchner y otros doce imputados, la vicepresidenta pidió ampliar su declaración indagatoria mañana martes en la causa por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz, que se encuentra en la etapa de alegatos siendo las próximas instancias las palabras finales de los acusados y la lectura del veredicto del Tribunal.

«He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto», expresó la ex mandataria a través de Twitter.

En el mismo mensaje, que la Vicepresidenta publicó este lunes, sostuvo que «ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas».

Cristina Kirchner realizó su declaración indagatoria en este juicio el 2 de diciembre de 2019, fue la última de los 13 imputados en cumplir con esta instancia ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

Con su exposición en la que sostuvo que la historia ya la había absuelto y que quienes deberían dar explicaciones eran los magistrados, se concluyeron las indagatorias en este juicio por el presunto direccionamiento en la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.

Después comenzó la etapa de declaraciones testimoniales y cuando se consultó si los imputados querían ampliar sus indagatorias, unos pocos accedieron a hacer uso de dicha instancia. Ahora el juicio se encuentra en etapa «sólo alegatos y últimas palabras, ya no hay indagatorias», explicaron fuentes judiciales a Clarín ante el pedido de Cristina Kirchner.

Este lunes se realiza la novena audiencia de alegatos a cargo del Ministerio Público Fiscal. El fiscal Diego Luciani anticipó que pedirá la condena en duros términos contra la vicepresidenta señalada como jefa de una asociación ilícita, responsable de la defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. De todos esos delitos, encuentran responsable a Cristina Kirchner.

Los alegatos de  Luciani y Mola se desarrollaron durante nueve jornadas. Después de analizar la conducta penal de todos los imputados, el Ministerio Público Fiscal realizará este lunes por la tarde su pedido de condena.

El mismo se sustenta en los argumentos expuestos durante todas las audiencias, donde se analizaron los 51 contratos viales que ganó el Grupo Austral por $ 46.000 millones. Hay dos números que desentrañó la fiscalía al respecto: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones, su firma insignia, un 46.000%. Dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, más específicamente a las tres presidencias kirchneristas, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró veinte acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.

“Estamos convencidos que los hechos ocurrieron tal y como los explicamos. Fueron doce años de arbitrariedades, de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años, instalaron un sistema coordinado y sistemático de corrupción”, dijo en su anteúltima audiencia el fiscal Luciani.

Se remarcó un concepto durante las audiencias, el de una “corrupción estatal” y bajo ese concepto, el fiscal entendió que corresponde aplicar la figura de asociación ilícita.

Para argumentar lo que será el pedido de condena por dicho delito, Luciani dijo que “cuando existen acuerdos espurios entre empresarios y funcionarios a lo largo del tiempo, con el consecuente saqueo a las arcas del Estado, es posible encuadrar las maniobras investigadas bajo la figura de la asociación ilícita”. La pena máxima para tal acusación es de 10 años y para quienes son señalados como jefes asciende a 15 años. /Clarín


Comparte este artículo

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *