Grave denuncia a la Escuela de Educación Especial N° 6 por prácticas de exclusión y hostigamiento a estudiantes sordos

Bajo el lema “Creer es crear”, familias y estudiantes de Presidencia Roque Sáenz Peña alzan la voz ante la contradicción entre los discursos oficiales y la realidad institucional. Denuncian arbitrariedades, hostigamiento, falta de accesibilidad en Lengua de Señas Argentina y exclusión por motivos de “sobreedad” avalada por autoridades provinciale

En el marco del cierre del mes dedicado a los derechos de las personas con discapacidad —colectivo que comprende aproximadamente al 10% de la población—, la comunidad sorda de esta ciudad denunció una alarmante contradicción institucional en la Escuela de Educación Especial N° 6 “Sergio A. Juárez”. Lejos de garantizar una inclusión real, las familias aseguran que las autoridades operan bajo lógicas de expulsión, hostigamiento y violencia institucional.

El conflicto, que escaló fuertemente durante septiembre, involucra directamente a la directora del establecimiento, Miriam Tello; a la vicedirectora, María Olmos; a la supervisora, Graciela Estévez; y a la Regional Educativa IV A, a cargo de Paloma Egea. Según el comunicado difundido por los tutores, la conducción escolar ha implementado medidas arbitrarias, como la reducción unilateral de la carga horaria sin notificaciones formales previas, enterándose las familias de los cambios a través de los medios de comunicación.

Uno de los episodios más graves señalados ocurrió el pasado 23 de septiembre, cuando se llevó a cabo una reunión calificada de intimidante e improvisada en las instalaciones de la institución. En dicha ocasión, una persona ajena al establecimiento agredió verbalmente a una tutora, mientras se presentó de manera amedrentadora un patrullero policial con oficiales, generando profundo terror en la comunidad sorda debido a la absoluta falta de accesibilidad y comprensión de la situación.

Asimismo, los denunciantes cuestionaron el uso de canales informales como WhatsApp para enviar citaciones y actas sin firmar ni sellar, vulnerando el derecho elemental de las personas sordas a ser informadas en su lengua natural, la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Desde la institución se esgrimió un argumento de “seguridad y seguros” para rechazar a estudiantes mayores de 24 años; sin embargo, las familias tildaron esta postura de falaz, recordando que la escuela cuenta con una histórica tradición comunitaria de apertura que incluyó talleres de LSA, alfabetización y apoyos pedagógicos para jóvenes y adultos.

Frente a este panorama de desamparo institucional y ante la ausencia de respuestas del Estado, los tutores debieron organizarse por sus propios medios e impulsar recursos legales de amparo para sostener el trayecto educativo de sus hijos. La indignación se vio agravada recientemente tras la visita a la ciudad de la directora de la Modalidad de Educación Especial, profesora Ana María Candia, quien —según consignaron los afectados— evitó cualquier tipo de acercamiento o diálogo con las familias, avalando con su silencio el accionar de la conducción local.

Ante este escenario, la comunidad exige a la gestión provincial que rompa el silencio, destituya las prácticas expulsivas y garantice con hechos reales el derecho a la educación, recordando que la verdadera inclusión se defiende escuchando y respetando la dignidad de cada estudiante