JUDICIALES – Por errores de la Fiscalía Antidrogas, habrían caído dos causas por narcomenudeo en Sáenz Peña y sobreseyeron a cinco acusados
La Cámara Primera en lo Criminal declaró la caducidad de los plazos en dos expedientes distintos debido a que el Ministerio Público Fiscal no presentó pruebas a tiempo antes de los juicios. La jueza Mariana Inés Benítez resolvió el sobreseimiento definitivo de todos los imputados y ordenó devolverles cerca de 375 mil pesos en efectivo, además de teléfonos celulares. También dio intervención al Procurador General

Dos causas judiciales iniciadas por presunta venta de drogas al menudeo en distintos barrios de esta ciudad terminaron con el sobreseimiento total y definitivo de cinco personas imputadas, luego de que la Fiscalía de Investigaciones Antidrogas dejara vencer los plazos procesales para ofrecer las pruebas necesarias para llevar los casos a juicio oral.
Las resoluciones, dictadas en menos de un mes de diferencia por la Sala Unipersonal de la Cámara Primera en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial —a cargo de la jueza subrogante Mariana Inés Benítez—, declararon la caducidad del término otorgado al Ministerio Público Fiscal y dispusieron remitir copias de ambas sentencias al Procurador General del Chaco para que evalúe la conducta procesal de la fiscalía actuante.
El caso del barrio Matadero: marihuana y 69 mil pesos
El primero de los fallos (Sentencia N° 93) fue dictado el 21 de septiembre de 2026 en el marco de una causa iniciada tras un allanamiento realizado el 13 de abril de 2021 en una vivienda ubicada en las calles 41 y 34 del barrio Matadero.
En aquel procedimiento policial se habían secuestrado 34 envoltorios de nylon negro y un trozo compacto con sustancia vegetal que, tras la pericia química correspondiente, arrojaron un peso final de 193,7 gramos de marihuana. Además, los efectivos incautaron una balanza digital, recortes de nylon y la suma de $69.000 en efectivo.
Por ese hecho, la fiscal de Investigaciones Antidrogas Laura Soledad Borelli había requerido la elevación a juicio imputando a M. A. M. como autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y a C. del V. G. como partícipe secundaria.
Sin embargo, una vez elevada la causa y citadas las partes a juicio el 24 de agosto de 2026, el plazo perentorio de diez días (con su respectivo plazo de gracia) venció el 8 de septiembre sin que la Fiscalía presentara ofrecimiento probatorio alguno ni solicitara prórroga. Ante el planteo de preclusión efectuado por el abogado defensor Pablo Alejandro Madzarevich, la magistrada determinó que la acusación había quedado “vacua” por total orfandad probatoria, sobreseyendo definitivamente a ambos acusados y ordenando la restitución de los $69.000 secuestrados a G., además de la cancelación y devolución de una caución real de $100.000 al impitado.
Allanamiento en el barrio Santa Mónica: 146 “bochitas” de cocaína
Apenas tres semanas después, el 14 de octubre de 2026, una situación idéntica se repitió en la Sentencia N° 97. El expediente se originó en un allanamiento simultáneo ejecutado el 13 de febrero de este año en dos domicilios lindantes de calle 20, entre 35 y 37, en el barrio Santa Mónica.
Durante aquel operativo se incautaron 146 envoltorios tipo “bochitas” que contenían un total de 31,8 gramos de cocaína (según pericia química), una balanza de precisión escondida en el machimbre del techo, tijeras, recortes de nylon, dos teléfonos celulares y $305.850 en efectivo.
La Fiscalía Antidrogas había acusado a A. I. R. y a L. M. R. por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por servirse de una menor de 18 años, y a J. G. R. (nacida en septiembre de 2008) en calidad de coautora.
Al igual que en el expediente anterior, tras notificarse la citación a juicio el 23 de septiembre de 2026, el plazo legal expiró el 8 de octubre sin que el Ministerio Público ofreciera las pruebas para el debate. La jueza Benítez resolvió dictar el sobreseimiento de oficio para evitar un “desgaste jurisdiccional innecesario”, argumentando que un juicio sin pruebas admitidas desembocaría inevitablemente en una absolución. El fallo ordenó también la devolución de los $305.850 y de los dos teléfonos celulares a las imputadas.
Fundamentos del Tribunal y aviso al Procurador
En ambas sentencias, la jueza Benítez subrayó que el Código Procesal Penal del Chaco prohíbe a los tribunales incorporar pruebas de oficio, ya que esa responsabilidad recae exclusivamente en el Ministerio Público Fiscal para garantizar la imparcialidad del juzgador y el debido proceso constitucional.
Al quedarse ambos expedientes sin sustento probatorio para sostener la acusación en un eventual debate oral, la magistrada aplicó el artículo 377 del código de rito para cerrar definitivamente las causas. No obstante, dispuso el decomiso y destrucción de los estupefacientes, las balanzas y los elementos de corte incautados en ambos operativos, al tiempo que notificó formalmente al Procurador General sobre la inobservancia de la iniciativa probatoria prevista en el artículo 370 del Código Procesal Penal.



